Veamos ahora la escala de este cambio en el sistema universitario que significa el surgimiento del sistema universitario privado. Las cifras del último anuario del Ministerio de Educación y Cultura indican que en los ingresos a universidades del año 1999 el porcentaje de estudiantes inscriptos en el sistema universitario privado en relación al total fue de aproximadamente 14%. Esta cantidad puede compararse con la cantidad de estudiantes en liceos privados que es de alrededor del 19%, y funcionan desde hace más de 100 años.
Esto demuestra la demanda social que existía por diversidad en el sistema universitario en la sociedad uruguaya. En Estados Unidos, donde hay siglos de tradición universitaria privada, el porcentaje de estudiantes que concurren a universidades privadas es del 22%. Es interesante ver que si comparamos solamente las carreras que dicta la Universidad de la República y se dictan además en alguna universidad privada, el porcentaje de inscriptos en universidades privadas aumenta al 16%. Y si sólo tomamos las áreas de mayor crecimiento que son Ingeniería y Ciencias Económicas llega a 23%.
Ahora reflexionen ustedes que esto ocurre entre instituciones que cobran y otra que no lo hace. En algunas carreras un cuarto de las personas eligen pagar, esto implica una percepción de valor, de calidad, que debe ser muy intensa para el estudiante y su familia. Estos alumnos que concurren a las universidades privadas no pertenecen necesariamente al sector de mayores ingresos. La composición socioeconómica de la Universidad ORT por ejemplo que es la que yo conozco, es muy similar a la de la Universidad de la República. Es decir que las personas que deciden pagar no son necesariamente las que más tienen, son en algunos casos las que relativamente menos tienen y por algo eligen universidades privadas (en muchos casos asistidos financieramente con becas u otros mecanismos por las propias universidades). A este tema me referiré más adelante.
Permítanme ahora discutir con ustedes dos variables fundamentales para evaluar al sistema universitario: calidad y equidad.
Un ejemplo de alta calidad pero baja accesibilidad, es el caso de Oxford. Cuando fui el año pasado, la discusión que dominaba era que ingresan pocos alumnos de los liceos del estado y esto le está creando problemas a la universidad, porque le está reduciendo el pool de alumnos de aspirantes de alta capacidad y además le está creando problemas de imagen.
Entonces Oxford ha decidido mantener la alta calidad pero mejorar su accesibilidad. Típicamente es lo que están haciendo las grandes universidades norteamericanas a través de lo que llaman 'acción afirmativa' para que aumente el ingreso de minorías étnicas. Esto no quiere decir que accedan más alumnos sino que alumnos de escasos ingresos tienen mayor posibilidad de acceder. La Primaria pública en el Uruguay estaría en la categoría de alta calidad y alta accesibilidad. Entre las instituciones de baja calidad y alta accesibilidad, podemos mencionar las 'universidades de garage', típicas de Brasil o Centroamérica por ejemplo, muchas de ellas financiadas por grupos ideológicos o iglesias, muy accesibles, pero percibidas como de baja calidad.
No hay definiciones universalmente aceptadas de calidad académica. La calidad es percibida en función de valores personales, familiares y grupales y lo que una persona considera de buena calidad a otro puede parecerle mediocre. Cuando en encuestas le preguntan a la gente qué es lo que busca en la universidad, algunos contestan que es la educación moral ("quiero transformarme en un hombre de bien, en un ciudadano cabal"). Otros dicen que buscan identidad social y desarrollo de vínculos. Otros por el contrario ponen el énfasis en el desarrollo profesional. Algunos de estos objetivos son total o parcialmente contradictorios, por lo que no hay una respuesta única sobre cuál es la "mejor" universidad.
Nosotros hemos hecho muchas encuestas preguntando a la gente por qué elige estudiar en ORT o en la Universidad de la República, que es nuestro competidor principal. Las respuestas son muy interesantes. Hay mucha gente que dice ir a la Universidad de la República porque es una experiencia que "nos hará hombres (sic) porque no todo se debe recibir en la mano". Pero este argumento lo escuchamos del segmento de altos ingresos. El hijo del obrero muchas veces elige ORT porque quiere concentrarse en estudiar y no tener los obstáculos prácticos y logísticos que ya enfrenta en su vida diaria, y que no necesita una replica en la universidad.
Si me permiten hablaremos ahora de equidad, entendida como la equitativa distribución del gasto público en educación. La sociedad uruguaya contribuye cada año aproximadamente 140 millones de dólares a la Universidad de la República. Y lo contribuye con varias misiones; una de las principales es la de facilitar el acceso de toda la sociedad a la educación universitaria.
Es importante lograr una equiparación de oportunidades en el acceso a la educación superior porque en el siglo XXI la cantidad y calidad de educación va a ser determinante en el futuro de los individuos. Una sociedad que en el siglo XXI bloquee el acceso al estudio universitario por razones económicas va a causar mucho más daño a los ciudadanos y a sí misma que en los siglos XIX y XX. En el siglo XXI es imperativo que todas las personas sientan que con suficiente dedicación y sacrificio van a poder alcanzar sus objetivos personales. Si cerramos esas puertas vamos a tener muchas más conmociones sociales y mucho menor productividad como nación.
El permitir que más personas accedan a la educación superior enriquece nuestro capital intelectual colectivo. Hay muchas más posibilidades que en el Uruguay se invente una vacuna o se desarrolle un nuevo producto de software si más personas tienen acceso a la educación superior. Históricamente nuestro país ha intentado facilitar el acceso a la educación superior a través del financiamiento de una universidad estatal, la "gratuidad" de esa universidad y el "acceso irrestricto" a ella.
Gratuidad en este contexto quiere decir que la Universidad de la República no cobra aranceles durante los estudios a sus alumnos. Luego de la graduación pagan a través del Fondo de Solidaridad de Graduados. También existe el cobro de aranceles, bastante discutido, a nivel de postgrado y de educación continua. Esta "gratuidad" se basa en la premisa de que el costo principal de estudiar es el arancel. Si el costo de estudiar es solamente el arancel, basta no cobrar ese arancel para igualar oportunidades.
Pero esta premisa es falsa. Por ejemplo, el alumno del interior tiene que pagarse una vivienda en Montevideo (el 60% de los bachilleres egresados de secundaria cada año son del interior). Por otra parte algunas personas tienen que trabajar durante sus estudios para mantenerse y por lo tanto el costo de oportunidad de sus horas de estudio es mayor. Adicionalmente, los alumnos deben pagar por materiales de estudio, libros e instrumentos de prácticas entre otros y debemos considerar además los costos ocultos generados por la ineficiencia institucional. Por ejemplo, cuando los horarios de los cursos son de mañana, de tarde y de noche, eso implica altos costos de transporte y la imposibilidad de trabajar. En conclusión, en el Uruguay del 2001 - no sé si esto era cierto en 1901 - esta premisa es falsa y a menos que alguien tenga otra para sostener el mecanismo actual de "gratuidad", este no parece tener justificación racional.
Discutamos ahora el "acceso irrestricto". Este se basa en una de dos premisas no declaradas: 1) la educación es un bien totalmente elástico cuyo consumo por un individuo no reduce su usufructo por los demás o 2) el país puede y debe dedicar ilimitados recursos a la educación superior. La primer premisa percibe a la educación como un "bien común", donde no se reduce el stock total porque alguien consuma. Pero la educación no es un bien de este tipo. En una clase de 20 alumnos en la que se incluyen 200 personas más, el aprendizaje no es constante aunque parezca serlo la enseñanza. La atención individual que el docente puede brindarle a una clase de 20 no es la misma que a una clase de 200. La cantidad de perros que hacen falta en la Facultad de Veterinaria para que 20 estudiantes realicen prácticas no es la misma que para 200. En un hospital donde se pueden internar 10 personas no se pueden internar 30. Pero en un hospital este descenso de la calidad de atención es visible y la gente protesta. Si voy a un hotel y alquilo una habitación, pero me ponen otras 12 personas en la misma habitación, me quejo.
En la educación pública los uruguayos no nos quejamos abiertamente. Yo voy a estudiar Ciencias Económicas y me ponen con otros 500 en el mismo salón, pero no protesto, lo tomo como algo natural. No me doy cuenta que este servicio degradado que voy a recibir es mucho más nocivo para mi futuro que los problemas en un hotel. Esa es la realidad que aceptamos los uruguayos acríticamente pensando que es inmutable.
La educación no es un bien totalmente elástico; hay una tasa de recursos por alumno que hay que mantener para asegurar el aprendizaje efectivo. Si hay más alumnos hay que aportar más recursos o lo único que hacemos es mantener una ficción de enseñanza. En otras palabras, más alumnos implican más recursos y alumnos ilimitados implican recursos ilimitados. Llevando este razonamiento a su extremo llegaríamos a la premisa de que el país debe dedicar ilimitados recursos a la educación superior pública. Sin embargo, si uno invierte recursos en una cosa, esos recursos no estarán para otra cosa.
Quiere decir que en realidad lo que estamos diciendo es que si hay un sagrado derecho al acceso irrestricto a las carreras profesionales deja de ser sagrado el derecho a la salud, el derecho a la vivienda o el derecho a la educación primaria. Estos son los reales costos del acceso irrestricto.
Puede ser defendible la educación gratuita con acceso selectivo, pero no es defendible el acceso irrestricto y la gratuidad simultáneamente. Hay ejemplos de universidades gratuitas pero muy selectivas como Campinas por ejemplo, considerada por muchos la mejor universidad de Latinoamérica. Ingresan muchos más alumnos de liceos privados que de liceos públicos, es poco equitativo, pero de Campinas sale producción científica del mejor nivel internacional. Hay otros ejemplos de educación pública que es paga, por ejemplo en Chile, pero no es muy selectiva. La Universidad de Córdoba por ejemplo, empezó a cobrar aranceles y a exigir examen de ingreso en algunas carreras como Medicina. Quedan pocos antecedentes en el mundo de universidades gratuitas y de acceso irrestricto y ninguna de ellas de prestigio internacional.
Permítanme ahora darles algunos datos concretos para evaluar si son eficientes la gratuidad y el acceso irrestricto. Para esto veremos el gasto público de la Universidad de la República y a quién beneficia ese gasto. Por eficiente entendemos si alcanza su objetivo de facilitar el acceso igualitario a la educación superior. La Universidad de la República en el año 2001 va a recibir en grandes números U$S 140 millones. Si excluimos el Hospital de Clínicas que tiene una función asistencial, quedan U$S 120 millones. El INAME recibe sólo U$S 80 millones y beneficia casi exclusivamente a personas de escasos recursos. Toda la Salud Pública del país, en la cual se asisten en forma directa 600 mil personas, es decir diez veces más que en la Universidad de la República, recibe U$S 300 millones o sea un poco más del doble y sus beneficiarios son casi exclusivamente personas de escasos recursos. En vivienda popular, es decir Ministerio de Vivienda y Banco Hipotecario, se invertirá este año U$S 100 millones. Es decir que en relación a lo que el Uruguay gasta en otras cosas de primera necesidad, lo que gasta en la Universidad de la República no es poco.
Veamos a quién beneficia este gasto en la Universidad de la República. El porcentaje del gasto público que recibe la población de los quintiles 1 y 2, es decir los de menores ingresos, es 75% en Salud Pública, 70% en Primaria y 100% en INAME. En la Universidad de la República tres cuartas partes del dinero que todos los ciudadanos ponemos, en realidad se vuelcan al 60% de mayores ingresos; en un verdadero acto de "Robin Hood al revés". Algún detalle más sobre esto. El 20% de mayor ingreso constituye el 11% de la población del Uruguay según la Encuesta de Hogares de 1999. En la población de la Universidad de la República, ese porcentaje es 24%. Quiere decir que un ciudadano "rico" tiene más del doble de oportunidades de estar en la Universidad de la República, en relación a su porcentaje de la población. Si miramos el quintil de menores ingresos, que es el 29% de la población, son sólo el 6% de la población de la Universidad de la República, es decir cinco veces menos. Quiere decir que el 94% de las personas que asisten "gratuitamente" a la Universidad de la República, no necesitan que no se les cobre. Si nosotros les cobráramos a ellos y becáramos a los que lo necesitan, podríamos aumentar el porcentaje de estudiantes de escasos recursos que acceden a la educación superior del 6% al 15% o al 20%.
Podría argumentarse que la Universidad de la República sólo reproduce las diferencias de los niveles educativos anteriores. Veamos qué pasa en Bachillerato. En el quintil de mayor ingreso hay más o menos el 9% de la población, y sin embargo en bachillerato hay 15%. O sea que un ciudadano "rico" tiene casi el doble de oportunidades que su representación en la población de cursar bachillerato. En el quintil de menor ingreso las posibilidades de acceder a bachillerato son dos veces menos, mientras que en la Universidad de la República son cinco veces menos. En otras palabras, si bien Secundaria y la Universidad de la República son ambas desiguales en cuanto a su acceso, la Universidad de la República lo es mucho más.
No les pido que estén persuadidos por opiniones mías. Les pido que analicen los datos que les mostré y vean si llegan a mis mismas conclusiones. La conclusión que yo saco de esos datos es que el gasto público en educación superior en el Uruguay es altamente inequitativo, y que los tres instrumentos que estamos usando: la financiación directa de la Universidad de la República, la "gratuidad" y el acceso irrestricto son ineficientes en el sentido que no alcanzan el objetivo de asegurar equidad en el acceso a la educación superior. La Universidad de la República es financiada por todos pero la usan mayoritariamente los más ricos. Mientras que a Salud Pública, a UTU o al INAME, por ejemplo, las financiamos todos pero las usan mayoritariamente los más pobres.
Veamos qué instrumentos podríamos usar para hacer más eficiente e igualitario el gasto público en educación superior. Uno es cobrar arancel y ofrecer becas o préstamos a las personas de menores ingresos como se hace en países como Estados Unidos o Chile por ejemplo. Las becas o préstamos no deberían financiar sólo el arancel ya que es sólo una parte de los costos totales de estudiar sino además materiales de estudio, ayuda de vivienda y otros costos. Para lograr una real justicia distributiva, los beneficiarios directos de la educación superior, cuyos ingresos lo permitan, deben contribuir más a su financiamiento. Yo diría más, creo que cualquier persona del quintil superior de ingresos que asista a la Universidad de la República, tendría que hacer por obligación moral una contribución voluntaria por ejemplo al Fondo de Solidaridad. Sino lo que estamos haciendo es cobrando impuestos a todo el mundo para financiar nuestros propios estudios y desplazando a aquellos que tendrían que recibir ese financiamiento.
Otra alternativa para mejorar el acceso a la educación superior es financiar a las personas en lugar de financiar a la Universidad de la República como institución. Supongan que una persona no tiene interés en ser abogado pero su interés es ser licenciado en gestión agropecuaria, una carrera que sólo se dicta en una universidad privada. ¿Por qué no financiarle a él de los impuestos que él mismo paga sus estudios donde él elija estudiar? En Uruguay tenemos experiencias positivas como DISSE o el Fondo Nacional de Recursos que redistribuyen los ingresos de manera tal que el hijo del dueño de una estancia se dializa al lado del hijo del peón. Puedo seguir con los hogares privados del INAME o las líneas de préstamos populares del Banco Hipotecario. Es decir que el Uruguay ya tiene una excelente experiencia de darle una oportunidad a las personas para que elijan dónde gastar el financiamiento público que le corresponde.
Con estas reflexiones los dejo con el deseo que el intercambio de opiniones con el Dr. Ares Pons sea de utilidad y que todos podamos aportar para una educación mejor en un Uruguay más próspero. Muchas gracias.