Conferencia del rector de la Universidad ORT Uruguay, Dr. Jorge Grünberg, en el seminario "El duro oficio de la libertad" organizado por el Instituto Manuel Oribe de Uruguay y la Fundación para los Análisis y los Estudios Sociales de España.
La libertad de enseñanza es un mantra. A todo el mundo le interesa y justificadamente piensa que es vital para una sociedad democrática. En nuestro país la libertad de enseñanza está garantizada por la Constitución, pero sin embargo, al momento de ejercerla, pasan a veces cosas insólitas.
Me gustaría contarles una pequeña anécdota al respecto. Hace poco tiempo conocí en el exterior a un profesor indio que me contó que su institución estaba, por encargo del estado, dedicado a regenerar varios sistemas escolares a los cuales el tsunami de 2005 les había pasado, literalmente, por arriba. Lo que me contó me pareció muy interesante como modelo de reorganización educativa y decidí invitarlo al Uruguay a contar su experiencia. Los indios deben solicitar visa para visitarnos.
En nuestra representación diplomática en India lo atendieron muy bien, pero le dijeron que la institución invitante, debía tramitar una autorización especial en Uruguay ante la Dirección Nacional de Migración. Realizamos las gestiones requeridas, pero el tiempo pasó, el invitado no obtuvo su visa a tiempo y no pudo venir a Uruguay. Ninguna persona u oficina actuó con mala voluntad, pero nuestros ritmos nacionales pueden a veces tener estos efectos negativos y actúan de hecho como obstáculo a la libertad de educación.
Estas actitudes recelosas del mundo, se ven en otros aspectos de nuestra legislación educativa. Por ejemplo, el Decreto Nº 308/95 que regula la actividad universitaria privada exige que un muy alto porcentaje de los profesores sean uruguayos. Eso es deseable pero no debería ser obligatorio. Si uno pudiera convencer a todos los profesores de Harvard para que vinieran a dar clases a Uruguay por un año, no se podría hacer porque está prohibido legalmente.
Permítanme a continuación reflexionar con Uds. sobre las libertades y derechos educativos que se pueden dividir para la discusión en dos categorías: las libertades y derechos para los ciudadanos y las libertades y derechos para las instituciones.
¿Qué libertades requieren las instituciones educativas? Primero que nada la libertad para crear las propias instituciones educativas, elegir el programa de estudios y seleccionar a los docentes. Sobre esto en Uruguay, la nota es regular. No existe libertad para elegir programas de estudios a nivel preuniversitario y la libertad para elegir el perfil docente, está limitada entre otras razones porque la formación docente está monopolizada por el Estado.
Segundo, libertad para expedir títulos. Las instituciones preuniversitarias pueden expedir títulos de bachiller, pero con la condición de ser clones de la enseñanza pública. Finalmente, para que las instituciones desarrollen en toda su dimensión la libertad de enseñanza, deberían tener acceso a fondos públicos. En el Uruguay sólo las escuelas estatales acceden a esos fondos. Ese no es el caso en el resto del mundo. Por ejemplo, el único país de Europa que no apoya directa o indirectamente la educación privada es Grecia. En este sentido nos hemos transformado de la Suiza de América en la Grecia del Mercosur.
En Francia, hace décadas que las escuelas privadas reciben por distintas fórmulas y canales financiamiento del Estado. En Suecia, desde el año 1993 se utiliza el cheque escolar, toda familia recibe el 85% de lo que cueste cualquier escuela del país, pública o privada. En Dinamarca, cualquier grupo de familias que junte 28 niños, recibe un cheque escolar, para generar una escuela con plenos derechos de expedición de títulos y selección de programas. Con respecto a las libertades para los ciudadanos, la más importante es la libertad de elegir escuela.
Esto en el Uruguay está severamente restringido en el sistema público, porque para un ciudadano elegir escuela o liceo dentro del sistema público, es muy difícil. Si alguno de ustedes pasó por la reguladora de trámites en Secundaria, sabrá qué pasa cuando uno quiere elegir el liceo. Siempre tiene que inventar alguna razón. Nunca hay que decir que quiere ir a determinado liceo porque lo considera mejor, porque eso es anatema. Ningún liceo es mejor que otro en Uruguay, eso no existe. También es importante para el ciudadano la libertad curricular, es decir elegir materias y docentes. Pero en el Uruguay el bachillerato está programado rígidamente. El uruguayo entra al sistema escolar a los cinco años y emerge a los 17 y en todo ese período formativo toma una sola decisión importante que es la orientación del ciclo secundario superior. La decisión libre que toma el ciudadano uruguayo antes de los 18 años en materia educativa, es entonces una sola y el costo de equivocarse es muy alto, porque si alguien eligió la orientación humanística y luego descubrió que su vida era la agronomía por ejemplo, le hacemos recursar años de secundaria.
La lista de libertades para el ciudadano continúa con la libertad de información. El uruguayo que hoy quiere saber qué escuela es mejor que otra para elegir una para su hijo o hija, no tiene de dónde sacar la información. Lo que existe es el mercado negro o sea los rumores: a mí me dijeron tal cosa, al hijo de Fulano le pasó tal otra. Como padre de tres hijos soy consumidor del mercado negro y, además, soy suministrador del mismo porque, por mi trabajo, mucha gente me viene a ver y me consulta. Si uno pregunta, cuál es el colegio que tiene mejores resultados académicos, nadie sabe, no hay indicadores, todo se basa en rumores. Finalmente, está la libertad del ciudadano de recibir financiamiento de fondos públicos para estudiar en la escuela o liceo de su elección, público o privado.
Esto funciona en el sistema de salud por ejemplo a través de DISSE o del Fondo Nacional de Recursos en donde el ciudadano recibe servicios de salud de instituciones privadas, pero paga con sus impuestos. Es un sistema democratizador y me pregunto por qué no se puede implementar para el ámbito educativo. Esto racionalizaría la capacidad instalada del Estado, "empoderaría" a los ciudadanos para elegir la que considere la mejor escuela para sus hijos y le daría la posibilidad real de exigir sus derechos como usuario y ciudadano.
La libertad de enseñanza no puede ser irrestricta. Ninguna libertad en democracia lo es. Por ejemplo, las "madrazas", las escuelas islámicas que están totalmente fuera del sistema y que, generalmente, son de fuerte contenido religioso con poca formación formal -no me refiero a la escuela islámica formal-, ¿son una alternativa educativa legítima o son un peligro? Cuando un grupo de padres se reúne y decide no enseñar a Darwin sino el creacionismo. ¿Eso es legítimo? ¿El Estado no tendrá derecho a exigir que las teorías con bases científicas sean efectivamente conocidas por los ciudadanos, por más que en la casa no crean en ellas? ¿Cuál es la posición sobre enseñar a los niños en la casa?
En Estados Unidos hay un millón de niños a los que se les enseña en la casa, mientras que en Alemania es contra la ley. ¿Cuáles son, en mi opinión, límites legítimos a la libertad de enseñanza? Uno es la regulación de calidad. Así como nadie dice que el Código de Tránsito viola la libertad de circulación, creo que hay normas sobre calidad educativa que el Estado, en representación de la sociedad, tiene derecho a imponer a los centros educativos. Los principios ordenadores deben ser la libertad y la diversidad, pero dentro de ese marco tiene que haber maneras de prevenir que existan los "molinos de diplomas". Otro límite legítimo es aquel que está orientado a proteger el orden público, dentro de los centros educativos.
Son problemas que hoy en día nadie puede ignorar, en particular el consumo de drogas. Otro límite legítimo a la libertad educativa es el derecho de autor. El alumno tiene derecho a acceder a bibliografía original, pero ninguna universidad en el mundo puede acceder o comprar toda la que los alumnos puedan necesitar. En Uruguay no existe como en los Estados Unidos la doctrina de "fair use", que permite reproducir material parcialmente para uso educativo, entonces, teóricamente cualquier profesor que quiere hacer una obra de teatro con sus alumnos o poner un artículo o un mapa en Internet, está violando la ley.
Existe una tensión entre la libertad de educación y el derecho de autor que en Uruguay está muy mal resuelto. De hecho, todos estamos violando la ley o dejando a nuestros alumnos ignorantes de muchas obras. Para terminar, quisiera referirme al contexto histórico educativo en nuestro país. Si bien no quiero polemizar con historiadores, en mi opinión el Estado intervino para garantizar una educación secular, en determinado momento de la historia. El problema es que en el transcurso de ese desarrollo histórico, el propio Estado se transformó en una iglesia con sus dogmas, su liturgia y sus autoridades y no acepta ser cuestionado con argumentos de razón. Creo que el carácter monopólico y monolítico de nuestro sistema educativo especialmente a nivel universitario ha sido causa fundamental de la baja tasa de innovación de ideas y en consecuencia de políticas y proyectos nacionales en nuestro país. El "monolitismo" educativo asfixió la biodiversidad que debe tener una sociedad para evolucionar.
Tenemos oportunidades por delante, una de ellas es la revolución tecnológica por la convergencia de la informática, las telecomunicaciones y la biogenética. Se van a redefinir las bases de la competitividad económica internacional. El talento y la inteligencia van a ser los insumos más importantes. Uruguay tendrá una oportunidad de redefinir su futuro productivo y eso, en gran medida, depende de lo que hagamos con nuestro sistema educativo. Libertad y prosperidad van de la mano en las sociedades modernas, no podremos alcanzar la última sin asegurar y profundizar la primera.