“Los sistemas de garantía fueron creados para resolver fallas existentes entre el mundo empresarial y el mundo de los mercados financieros”, dijo el Cr. Bruno Gili —socio de CPA/Ferrere, catedrático de Consultoría de Negocios y docente de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay— durante el evento “Fondos de garantía y crédito en época de crisis”.
La conferencia online se realizó el jueves 7 de mayo de 2020 y formó parte del Ciclo de Charlas de Management y Negocios que organiza la Escuela de Postgrados en Negocios.
Los fondos de garantía son instrumentos financieros cuyo objetivo es aumentar y mejorar las condiciones de acceso de las empresas al crédito formal. Las pymes, tanto urbanas como rurales, son el público objetivo de los fondos de garantía. Estos fondos buscan facilitar y estimular el financiamiento bancario, a través de otorgar garantías al sistema financiero, disminuyendo sus riesgos.
Gili cuestionó que los sistemas de garantía, tal como están pensados y diseñados en la actualidad, sean consistentes con respecto a la situación de la crisis económica, financiera y sanitaria que se está viviendo a raíz del COVID-19.
“Históricamente, las crisis han servido para resolver problemas e innovar”, afirmó el experto. En ese sentido, indicó que este momento puede ser una oportunidad para mejorar los instrumentos financieros.
A nivel mundial, con modalidades tanto públicas como privadas, los sistemas de garantía han buscado solucionar las fallas vinculadas con el acceso de las pymes al mercado.
En Uruguay, en 2008, se creó el Sistema Nacional de Garantías (SiGa), administrado por la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión (CONAFIN AFISA). Este instrumento, que comenzó a operar al año siguiente de su creación, garantiza solicitudes de crédito para distintos tipos de empresas (microempresas o pymes) y sectores (inmobiliario, arrocero y lechero).
El total de créditos garantizados por el SiGa en 2010 representó el 1.5 % de los nuevos créditos otorgados ese año a micro, pequeñas y medianas empresas. En 2019, el total de créditos que garantizó representó el 0.6 % de los nuevos créditos otorgados ese año a este tipo de empresas. El crédito promedio del SiGa fue de US$ 27.120 en 2010 y de US$ 23.996 en 2019. Es decir que en 2010 tuvo lo que Gili calificó como un “impacto relativo” y en 2019, “un impacto en el total de la economía relativamente bajo”.
En tiempos de COVID-19, Uruguay ha establecido diversas medidas. Entre otras, reducir encajes bancarios, extender plazos de vencimientos de créditos y canalizar fondos de organismos multilaterales para financiar créditos de empresas en sectores afectados.
El SiGa, ante el COVID-19, incorporó el SiGa Emergencia. Esta herramienta brinda una nueva línea de garantías, más flexibles y económicas. De este modo, busca respaldar los créditos de aquellas microempresas y pymes afectadas por la emergencia sanitaria. Para empresas que soliciten un nuevo crédito, la garantía cubre hasta el 80 % del capital. Para las que estén reestructurando una deuda previa, entre un 70% y un 50% del saldo del crédito. El monto mínimo de garantía equivale a UI 16.000 y el máximo, a UI 1.200.000.
Para el experto, a corto plazo, parecen adecuados los criterios aplicados en Uruguay para microempresas, pequeñas y medianas empresas. En perspectiva, habría que pensar mecanismos para evitar las medidas oportunistas y construir un sistema de información para evaluar resultados. A mediano plazo, debería considerarse el impacto sobre la productividad, innovación y déficit fiscal de las medidas tomadas durante el COVID-19.
“Una vez que empecemos a avanzar en la nueva normalidad, no podemos seguir como si todo fuera igual —concluyó Gili—. Debemos sofisticar los instrumentos financieros”.